El juicio del caso Kitchen ha quedado esta semana visto para sentencia con dos tesis contrapuestas sobre la mesa y de las que dependerá el sentido del fallo del tribunal con respecto a los ocho acusados que durante cuatro meses se han sentado en el banquillo.

Dos de ellos, los principales responsables de la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy: el exministro Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez.

La tesis de las defensas es que Kitchen fue una operación de inteligencia lícita para investigar los movimientos de dinero de Luis Bárcenas tras aflorar su millonaria fortuna en Suiza a finales de 2012, mientras que la Fiscalía y las acusaciones -la familia Bárcenas, PSOE y Podemos- sostienen que se trató de un operativo ilegal parapolicial de "control de daños", auspiciado por Interior para sustraerle documentación y grabaciones comprometedoras para el PP y sus dirigentes.

El exministro Jorge Fernández Díaz niega la mayor. Asegura que nunca supo de su existencia, que poco le importaba a él la información que pudiera tener Bárcenas porque nunca salió en sus famosos papeles, y acusa a su ex secretario de Estado, Francisco Martínez, de manipular los mensajes que supuestamente se intercambiaron y que detallarían su conocimiento de la operación y que su número dos entregó al juzgado para incriminarlo.

Pese a ello, Francisco Martínez desvincula a Interior de la operación Kitchen, de la que no obstante defiende su legalidad.

"El Ministerio del Interior no tuvo que ordenarla. Si la idea era robarle documentación a Bárcenas se me ocurren muchas otras maneras sin necesidad de implicar a la Policía", planteó su abogado, Pedro Colina, que sorprendentemente no hizo alusión alguna a los mensajes de su cliente con el exministro en su alegato final.

Otro de los acusados clave, el exchófer de Bárcenas Sergio Ríos, al que llamaban "cocinero" o "coci" -de ahí la denominación de Kitchen-, admite que fue captado como confidente para este operativo, que también considera legal. A cambio de su colaboración recibió 48.000 euros procedentes de los fondos reservados, extremo que también reconoce, al tiempo que niega que otro de los pagos consistiera en facilitar su ingreso en la Policía.

Operación "bastarda" y "delictiva"

La Fiscalía, por contra, no tiene dudas de que la finalidad de Kitchen fue "bastarda" y "delictiva". Mantiene que no perseguía el dinero del extesorero, sino obtener documentación comprometedora para el PP y boicotear la investigación del caso Gürtel. Considera además que la excúpula de Interior, para cuyos integrantes solicita 15 años de prisión, tuvo el "control" y el "manejo" del operativo.

PSOE y Podemos argumentan igualmente que se constituyó una operación parapolicial para sustraer documentación a Bárcenas por parte de una organización criminal que tenía a Fernández Díaz como "cúspide".

"Los acusados conformaban una organización criminal cuya finalidad era la obstaculización de la investigación Gürtel, no porque a ellos les afectara personalmente, pero sí podía afectar a la cúpula del PP de la cual a la postre iban a depender sus carreras, bien políticas, bien profesionales", expuso el abogado de Podemos, Jaime Montero.

La sombra de María Dolores de Cospedal 

Al inicio del juicio, en la fase de cuestiones previas, la acusación del PSOE planteó, sin éxito, que se suspendiera la vista oral para poder incorporar como acusada a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y como partícipe a título lucrativo al partido.

Ella y su exmarido, Ignacio López del Hierro, consiguieron evitar el juicio tras haber sido imputados por su relación con José Manuel Villarejo, a quien Cospedal llegó a recibir en su despacho de la sede del PP en la calle Génova.

Lo que no pudieron evitar fue declarar como testigos ante el tribunal, al igual que otros dirigentes populares como el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en su condición de máxima responsable del CNI. También compareció el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán.

Todos ellos aseguraron que desconocían la existencia de la operación Kitchen y negaron cualquier implicación del CNI. Rajoy sostuvo que ni el ministro del Interior, ni el secretario de Estado, ni el presidente del Gobierno participan en las operaciones policiales, aunque añadió que estaba "absolutamente convencido de que esa operación policial se adecuó totalmente a la legalidad".

La sentencia no cerrará la investigación

La sentencia, sin embargo, no pondrá fin a la investigación del caso ni a la posible implicación de otros responsables políticos, como María Dolores de Cospedal.

El magistrado que instruye el caso Villarejo o Tándem, del que deriva la pieza separada de Kitchen, ha solicitado a la Policía que identifique si el material intervenido al excomisario contiene indicios de criminalidad en las conversaciones mantenidas con Cospedal o con Ignacio López del Hierro.

En esos audios, incorporados a la causa tras su publicación por RAC1, Villarejo habla con Cospedal de un "tipo" que les ha proporcionado información y al que pretende convertir en policía. También menciona, presuntamente en referencia a Luis Bárcenas, que se ha encontrado una documentación comprometida y espera que "el ministro se la haya dado al presidente", mientras que la exdirigente popular responde que un mes antes había eliminado todo lo que tenía porque así se lo había indicado el presidente.