La presión migratoria sobre Ceuta ha alcanzado una dimensión sin precedentes y ha obligado al Gobierno a desplegar una respuesta de máxima intensidad. El presidente, Pedro Sánchez, se ha desplazado este viernes a la ciudad autónoma para seguir de cerca la situación y trasladar el compromiso del Ejecutivo con la seguridad y la recuperación de la normalidad.

Durante su visita, Sánchez calificó lo ocurrido como una "violación de la integridad territorial de España" y aseguró que el Estado pondrá a disposición de Ceuta todos los medios necesarios para afrontar una crisis que comparó con la vivida en 2021, aunque de una magnitud aún mayor. El jefe del Ejecutivo defendió que la prioridad pasa por garantizar la seguridad de los ciudadanos, preservar la convivencia y apoyar a la ciudad autónoma en un momento especialmente delicado.

Las primeras estimaciones de las fuerzas de seguridad sitúan en torno a 49.000 las personas que habrían accedido de forma irregular desde Marruecos en los últimos días. No obstante, el Gobierno ha precisado que esa cifra continúa siendo provisional y que todavía no existe un balance oficial definitivo.

La emergencia también ha tenido un elevado coste humano. Las labores de búsqueda y rescate continúan después de que varias personas intentaran alcanzar Ceuta a nado, mientras las autoridades siguen actualizando el balance de víctimas mortales.

La situación ha provocado además una rápida reacción en varios países europeos. Entre las voces más críticas se encuentra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien calificó la crisis como una amenaza para la seguridad del continente y planteó revisar el funcionamiento del espacio Schengen en relación con España. Estas declaraciones han incrementado la tensión diplomática entre ambos países y han motivado movimientos por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores español.

Mientras tanto, Ceuta continúa afrontando un escenario excepcional. La llegada masiva de personas ha puesto bajo una enorme presión a los servicios públicos y a los dispositivos de emergencia, obligando a reforzar la coordinación entre las distintas administraciones y los cuerpos de seguridad para gestionar una de las mayores crisis migratorias registradas hasta la fecha en la frontera sur de Europa.