Joaquín Antonio Pino, nacido en Ávila en 1981, es agricultor, veterinario, ingeniero agrónomo e ingeniero de montes. Cinco meses después de ponerse al frente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, defiende que ya se empiezan a notar los primeros cambios en el campo de Castilla y León.

Habla de expedientes desbloqueados, cerca de mil jóvenes que podrán incorporarse al sector, 30 millones de euros para ayudar al cereal y un presupuesto que roza los 740 millones. Pero su discurso va más allá de las cifras: reclama una PAC centrada en los profesionales, más libertad para agricultores y ganaderos y menos trabas para desarrollar la actividad en los pueblos. "Si hay agricultura y ganadería, habrá una fragua, un bar o un supermercado", resume.

Como uno de los consejeros de Vox en el Gobierno regional y responsable de un área clave en una comunidad como Castilla y León desgrana sus planes para el campo y fija algunos de sus compromisos: ejecutar el presupuesto, avanzar en los regadíos, reforzar la sanidad animal y facilitar el relevo generacional.

P- Han pasado cinco meses desde su llegada a la Consejería. ¿Qué ha cambiado en este tiempo para agricultores y ganaderos?

R- El campo tiene sus propios ciclos. En las últimas semanas hemos pasado de un tiempo muy seco, en el que apenas se podían hacer labores y no nacían algunas de las últimas siembras de trigo y cebada, a una situación en la que no deja de llover y ya no se puede entrar en las parcelas. Las lluvias no siempre llegan en el momento oportuno: unas veces es mucho y otras, nada.

En la Administración, sin embargo, las cosas van cambiando poco a poco. Nada más llegar reactivamos los expedientes de primera instalación y relevo generacional que estaban paralizados. Se han resuelto en tiempo y forma y ahora estamos terminando de tramitar los últimos expedientes de planes de mejora.

También adelantamos el anticipo de la PAC al 23 de septiembre, con más de 500 millones de euros, y fuimos la primera comunidad autónoma en abonarlo. También Además, hemos flexibilizado al máximo, la aplicación de la PAC y de los ecorregímenes en todos los aspectos que son competencia nuestra, especialmente de cara a la campaña de sementera. Hemos pedido al Ministerio cambios adicionales para evitar costes y pérdidas a los agricultores, pero nosotros ya no tenemos más margen.

Se han puesto en marcha medidas en materia de caza, como la media veda y los el uso de visores térmicos y nocturnos, que son una herramienta más para controlar especies como el jabalí, el ciervo y el corzo.

Hemos dado libertad al ganadero para elegir al veterinario habilitado para el saneamiento, una figura que también participa en otras actuaciones relacionadas con la sanidad animal.

Estamos trabajando también en la rentabilidad, para lo que es fundamental conocer los costes de producción y aportar transparencia a los precios. Por ello, los estudios de costes son una herramienta esencial para conocer la realidad de cada sector y disponer de referencias objetivas. Ya hemos publicado estudios sobre la uva de la Ribera del Duero y de Rueda y sobre la patata, y están preparados otros sobre la uva del Bierzo, el maíz y la leche, entre otros productos.

P- Usted ha situado la rentabilidad de agricultores y ganaderos como su principal objetivo. ¿Cómo medirá al final de la legislatura si realmente ha mejorado?

R- La rentabilidad es la piedra angular de cualquier sector. Si hay rentabilidad, habrá también jóvenes que quieran incorporarse a la agricultura y a la ganadería y el gran reto es conseguir que el sector sea rentable y atraer talento joven.

Para eso hay dos cuestiones fundamentales. La primera es que funcione la ley de la cadena alimentaria. No basta con conocer los costes de producción, también hay que garantizar que se respeten. Si la ley impide vender por debajo de esos costes, tiene que haber controles e inspecciones que garanticen su cumplimiento.

La segunda cuestión es el relevo generacional. Hemos desbloqueado los expedientes pendientes y hablamos de cerca de mil jóvenes que se van a incorporar, 900 y muchos. El objetivo era llegar a 650 al año, así que estaremos bastante por encima.

A eso se suman cerca de 1.500 expedientes para mejorar y modernizar explotaciones agrícolas y ganaderas. En total hablamos de 120 millones de euros en ayudas, con una inversión muy superior. La próxima convocatoria será mucho más sencilla, con menos burocracia y menos requisitos. Queremos tener en cuenta la explotación de cada agricultor y no pedirle cosas imposibles o que encarezcan el precio de la tierra. No tiene sentido que obliguemos a alguien que hace un plan de mejora a crecer y a comprometerse durante años y que, al mismo tiempo, las reglas de la PAC penalicen ese dimensionamiento y esa inversión.

El gran reto es hacer rentable la agricultura y atraer todo el talento joven"

P- También ha criticado que los agricultores profesionales soporten más controles que los que trabajan a tiempo parcial. ¿Qué cambiaría?

R- Entendemos que los planes de mejora tienen que servir para ayudar, no para constreñir a la gente. Hoy, en general, a un agricultor a tiempo parcial no se le aplican mecanismos que disminuyan sus ayudas y, además, tiene menos controles, mientras que al profesional se le asfixia con inspecciones y se le quita parte de ese dinero para dárselo al agricultor a tiempo parcial, lo que el Gobierno y la Unión Europea denominan pequeño agricultor. No estamos de acuerdo en esos planteamientos.

En el caso de la tuberculosis, hay zonas en las que todavía no se puede aspirar a eso y primero hay que reducir mucho la prevalencia. Queremos mantener la sanidad animal sin perjudicar la rentabilidad del ganadero.

Queremos ayudar al agricultor y al ganadero profesional y ser transparentes con las subvenciones. Si un tractor cuesta 100, queremos que la orden diga que cuesta 100 y que el agricultor sepa desde el primer momento qué ayuda va a recibir. No tiene sentido partir de un valor inferior para que, después de aplicar los porcentajes correspondientes, la ayuda efectiva acabe siendo mucho menor de la esperada.

Treinta millones para el cereal y más apoyo al seguro agrario

P- El sector cerealista atraviesa una situación complicada. ¿En qué consisten las ayudas anunciadas por la Junta y cuándo llegarán?

R- Las ayudas aprobadas por el conjunto del Gobierno autonómico están vinculadas a la reserva de crisis y hablamos de algo más de 10 millones de euros procedentes de fondos europeos. Además la Junta pondrá otros 10 millones y la Consejería de Agricultura aportará otros 10 de su propio presupuesto. En total, 30 millones de euros que se destinarán principalmente al sector cerealista de Castilla y León para ayudar en esta campaña.

También vamos a llegar al máximo que permite la normativa europea en las ayudas al seguro agrario del cereal. Vamos a complementar las bonificaciones existentes hasta alcanzar el 70% permitido. Todo lo que le falte de bonificación al agricultor lo aportará la Junta, a través de la Consejería porque sabemos la situación complicada que atraviesa el sector y vamos a hacer todo el esfuerzo posible para paliarla.

También hemos agilizado los controles y las inspecciones para abonar cuanto antes las ayudas de la PAC. El 23 de septiembre ingresamos más de 500 millones de euros, porque no es lo mismo cobrar hoy que hacerlo dos meses después.

P- Más allá de las ayudas, ¿qué puede hacerse ante la presión de los mercados internacionales y las importaciones?

R- El cereal es el sector más damnificado y también es estratégico. España es deficitaria en su producción y necesita importar. Pero los agricultores y ganaderos no pueden ser los paganos de las guerras, en este caso de la de Ucrania. Se han importado cantidades masivas de trigo y cebada a través de los puertos españoles y pedimos que se cumpla la ley de la cadena alimentaria y que haya controles en frontera. El cereal que llega de fuera no puede competir con unas condiciones de producción distintas porque además no tiene necesariamente los mismos requisitos sanitarios, de seguridad alimentaria, abonado, fitosanitarios o laborales que se exigen aquí.

Se han importado cantidades masivas de trigo y cebada a través de los puertos españoles y pedimos que se cumpla la ley de la cadena alimentaria y que haya controles en frontera"

También consideramos que acuerdos como el de Mercosur son muy lesivos para sectores como el vacuno de carne y el azúcar, importantes en Castilla y León. Defendemos las cláusulas espejo: que los productos que entren de fuera tengan que cumplir las mismas condiciones que se exigen a nuestros agricultores y ganaderos.

Sanidad animal: más presupuesto y una unidad de emergencias

P - Hablemos de sector ganadero, ¿está Castilla y León preparada para responder con rapidez ante una nueva enfermedad o un brote sanitario?

R -Tenemos unos servicios veterinarios oficiales muy potentes, veterinarios habilitados y profesionales por cuenta propia que están preparados para cualquier alerta sanitaria. La sanidad animal es fundamental para mantener la rentabilidad y las exportaciones. En sectores como el porcino producimos el doble de lo que consumimos, por lo que necesitamos exportar y para mantener abiertos los mercados exteriores es imprescindible garantizar un buen estatus sanitario.

Estamos trabajando en la puesta en marcha, a partir del próximo año, de una unidad de emergencias sanitarias veterinarias para afrontar cualquier riesgo epizoótico. También vamos a aumentar el presupuesto destinado a sanidad animal, que pasa de 5 a 12 millones de euros. Se ha cubierto, además, la plaza de jefe del Servicio de Sanidad Animal, que llevaba mucho tiempo vacante.

Queremos apoyarnos en la innovación. Se está experimentando con un inmunomodulador, una especie de vacuna, para ver si podemos avanzar en la lucha contra determinadas enfermedades. También queremos intensificar el control de especies que pueden transmitir enfermedades como la tuberculosis, entre ellas el jabalí, el ciervo y el tejón, para reducir sus poblaciones y disminuir la prevalencia de estas enfermedades.

P- Prevenir antes que recurrir al sacrificio es el objetivo

R- Lo primero es el ganadero y su rentabilidad y este consejero y este equipo no han venido a matar vacas como medida para luchar contra las enfermedades. Tenemos que buscar otras herramientas para reducir su incidencia y, ojalá, poder llegar algún día a erradicarlas.

En el caso de la tuberculosis, hay zonas en las que todavía no se puede aspirar a eso y primero hay que reducir mucho más la prevalencia. Queremos mantener la sanidad animal sin perjudicar la rentabilidad del agricultor y del ganadero.

P- Uno de los asuntos que más preocupa al sector ganadero son los ataques de lobo y los pagos pendientes. ¿En qué situación están esos expedientes?

R- Hay indemnizaciones pendientes de pago a los ganaderos que están vinculadas a unos fondos del Estado que el Ministerio para la Transición Ecológica no ha transferido a la Junta. A día de hoy, aunque vamos a asumir las competencias, el crédito y el presupuesto siguen en la Consejería de Medio Ambiente y Energía, y la tramitación está en sus servicios territoriales.

Espero que esos expedientes se puedan pagar en los próximos días y si no es así, a partir de enero trataremos de tramitarlos desde Agricultura y buscaremos un sistema para que los pagos sean ágiles. Queremos que se abonen a precio real y que se tenga en cuenta todo el lucro cesante, es decir, que al ganadero se le cubran todas las pérdidas.

Nuestra intención es que, una vez implantado el procedimiento, los pagos se puedan resolver en menos de 30 días. También queremos actualizar los valores de las indemnizaciones.

P- ¿Y qué plantea la Consejería para controlar la población de lobo?

R- Estamos trabajando con toda la determinación para tratar de solucionar este problema. En la conferencia sectorial de Medio Ambiente, la mayoría de las comunidades autónomas votamos que el estado de conservación del lobo era favorable y sin embargo, el Ministerio ha trasladado a la Comisión Europea que es desfavorable, lo que impide el control.

Las comunidades necesitamos que el Gobierno traslade a la Comisión Europea la posición que defendimos. Hay comunidades que ya han dado orden de control y nosotros estamos ultimando las vías para poder controlar la población y minimizar los daños a la ganadería.

Queremos que los pagos sean ágiles, a precio real y teniendo en cuenta todo el lucro cesante"

Agricultura y Medio Ambiente, bajo una misma Consejería

P- La integración de las competencias de Agricultura y Medio Ambiente ha generado dudas sobre cómo se van a gestionar posibles conflictos entre ambos ámbitos. ¿Qué criterio prevalecerá cuando haya intereses enfrentados?

R- Nosotros llevábamos mucho tiempo pidiendo la unificación de las competencias de Agricultura y Medio Ambiente y, de hecho, cuando comenzó la autonomía, esta Consejería se llamaba de Agricultura, Ganadería y Montes. Creo que una gestión unificada, bajo un único mando, tiene que dar sus frutos y aportar coherencia a las decisiones de la Administración.

Es positivo, aunque nos va a exigir más trabajo. Pido un poco de paciencia y espero que en 2027 se empiecen a notar los resultados de gestionar de forma conjunta las políticas ambientales, agrícolas, ganaderas y cinegéticas. No tendría que existir esa confrontación porque es artificial. La biodiversidad que tenemos es también fruto de lo que nos han legado nuestros padres y abuelos, que eran agricultores y ganaderos. Donde se desarrollan actividades agrícolas, ganaderas y cinegéticas hay, según nuestra experiencia, mucha riqueza de flora y fauna.

P- Ha defendido también recuperar prácticas tradicionales, como las quemas controladas. ¿Qué cambios se han aplicado?

R- Este año hemos aprobado las quemas controladas de rastrojos por motivos fitosanitarios. Es una práctica que reduce la biomasa disponible, ayuda a combatir plagas como el topillo y permite prevenir algunas malas hierbas que son difíciles de controlar con herbicidas. Hemos buscado un procedimiento sencillo. El agricultor comunica previamente que va a quemar una parcela y, si en 48 horas no recibe respuesta, puede hacerlo. También hemos establecido mecanismos de coordinación con las entidades locales y los ayuntamientos.

Creo que hemos reducido la burocracia y demostrado que se puede recuperar una práctica que llevaba años proscrita sin que se produzcan problemas. Queremos avanzar en esa misma línea en otros procedimientos de la Consejería.

La biodiversidad que tenemos es también fruto de lo que nos han legado. Donde se desarrollan actividades agrícolas, ganaderas y cinegéticas hay, según nuestra experiencia, mucha riqueza de flora y fauna"

P- ¿Qué objetivos se marca la Consejería en materia de regadíos y modernización?

R- El regadío es fundamental porque donde hay regadío se genera más riqueza, más empleo y se aseguran las producciones. Castilla y León tiene menos del 15% de su superficie en regadío, mientras que la media nacional ronda el 23% y queremos ampliar esa superficie y modernizar las infraestructuras existentes.

Estamos trabajando con SEIASA, con el Ministerio de Agricultura y con la Confederación Hidrográfica del Duero y pedimos más recursos para modernizar y poner nuevas zonas en regadío. También defendemos una mayor flexibilidad en las concesiones, quiero decir por ejemplo que si una persona tiene autorización para regar ocho hectáreas, entendemos que debería poder hacerlo en una parcela arrendada al vecino, siempre que no aumente la superficie ni consuma más agua de la concedida.

En las aguas superficiales queremos seguridad en las dotaciones anuales, en las concesiones y en los puntos de enganche eléctrico necesarios para que funcionen las infraestructuras.

El regadío permite cultivos más productivos y favorece que se instale industria agroalimentaria. Esa industria genera empleo, también femenino, y actividad para otros negocios: bares, hostelería, turismo y servicios. Es un círculo que ayuda a fijar población.

La PAC y el presupuesto

P- ¿Qué posición llevará la Junta a la negociación de la próxima Política Agraria Común?

R- Lo primero es que haya un presupuesto fuerte y potente y lo segundo, que la PAC esté dirigida al agricultor profesional. No queremos mecanismos de tope de ayudas, lo que se conoce como capping, ni pagos redistributivos que, a nuestro juicio, penalizan a quien ha dimensionado su explotación. Los controles tienen que ser iguales para todos: si se controla al profesional, también hay que controlar al que no lo es. Estamos en contra de que el cuaderno digital de explotación sea obligatorio. Defendemos que sea voluntario, como hemos hecho con el precinto digital en la caza. Quien quiera utilizarlo puede hacerlo y quien prefiera el papel debe tener esa posibilidad.

También queremos que la condicionalidad sea la mínima posible y que los productos que llegan de fuera tengan las mismas exigencias que los que se producen aquí. Defendemos una PAC que dé libertad y que no prime a la agricultura a tiempo parcial en detrimento de la profesional.

La PAC tiene que estar dirigida al profesional"

P- Si dentro de un año volviéramos a sentarnos para evaluar su gestión, ¿qué compromisos le gustaría haber cumplido?

R- Hemos sacado adelante un presupuesto que crece algo más de un 16% en términos reales. La Consejería tenía 604 millones de euros en los presupuestos prorrogados. Si añadimos las competencias asumidas de Medio Ambiente, la base de comparación es cercana a los 630 millones y pasamos a prácticamente 740 millones. Podría decir que el aumento supera el 22% si comparase los 604 millones iniciales con los 740 actuales, pero no quiero engañar a nadie. Teniendo en cuenta las competencias que hemos asumido, el crecimiento real es de algo más del 16%.

El primer compromiso es ejecutar todo el presupuesto y conseguir que llegue al sector. Cuando llegamos a la Consejería, poco más del 50% estaba comprometido. En un tiempo récord hemos comprometido todos los recursos y queremos que esos 740 millones se ejecuten con eficacia y den respuesta a las necesidades de agricultores y ganaderos.

También queremos terminar los regadíos que están en marcha y poner las parcelas a disposición de los agricultores. En las zonas con más actividad ganadera, especialmente en el sur de la comunidad, en Ávila, Segovia y Salamanca, tenemos que ayudar a los ganaderos y avanzar en sanidad animal, infraestructuras ganaderas y bioseguridad.

Queremos potenciar las razas autóctonas e integradas, apoyar a las asociaciones ganaderas, mejorar la genética y la gestión de los libros genealógicos. También apoyar al toro de lidia, que tiene mucha importancia en varias provincias y especialmente en Salamanca.

P- ¿Qué papel deben desempeñar la agricultura y la ganadería en la lucha contra la despoblación?

R- Para luchar contra la despoblación hacen falta actividades económicas. La principal actividad económica de muchos pueblos es la agricultura y la ganadería. Si hay agricultura y ganadería, se conserva la caza y la pesca, y puede haber una fragua, un bar o un supermercado. En definitiva, se mantiene todo ese tejido que da vida a nuestros pueblos.

Queremos poner en el centro de las políticas la agricultura, la ganadería, la soberanía alimentaria y la alimentación del país. También queremos dignificar y poner en valor lo que hacen nuestros cazadores y pescadores.

Hay mucho trabajo por hacer, pero tenemos un equipo de profesionales y queremos trabajar de la mano de las organizaciones agrarias, las cooperativas, la industria, los colegios profesionales y los empleados públicos. Nuestro objetivo es mejorar la vida de las personas del medio rural y luchar contra la despoblación. Queremos aportar estabilidad y libertad y ser capaces de cambiar la situación de nuestros pueblos.