El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el derecho a voto para las próximas elecciones del 29-N a los hijos de quienes previamente obtuvieron la nacionalidad española mediante la conocida como ley de nietos, que son alrededor de 190.000 personas, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

A diferencia de sus padres, nacionalizados por una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y a quienes el Supremo suspendió cautelarmente el derecho a voto salvo que acreditasen que son descendientes de exiliados, sus hijos sí podrán votar el 29 de noviembre, al descartar el tribunal la petición cautelar de Iustitia Europa y Vox. 

La sección cuarta de lo Contencioso ha denegado las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y Vox en varios autos, notificados este lunes -día festivo en Madrid-, que cuentan con el voto particular discrepante de uno de sus seis magistrados, y el concurrente de otra jueza, que apoya la decisión pero discrepa de alguna argumentación.

La 'ley de nietos' es una disposición legal que abrió la puerta de la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles exiliados por razones "políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual".

Una instrucción posterior presumía dicha condición a quienes salieron del país entre 1936 y 1955, sin necesidad de documentar las razones del exilio. Son los nacionalizados a través de esta vía los que mantiene en cuestión el Supremo, publica EFe. 

Dudas de la medida cautelar ante la cercanía del 29-N

El Supremo deja claro en sus autos que no ha cambiado de criterio y reconoce que "si se cuestiona la inscripción" en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los progenitores -en torno a 163.000-, "en pura lógica habrá que hacerlo también de sus hijos", que son incluso más: 189.678.

Ahora bien, subraya que tiene "serias dudas sobre la viabilidad de la ejecución efectiva" de la suspensión cautelar de su derecho a voto -si lo acordase- a tres semanas de las elecciones.

Porque las medidas cautelares deben venir acompañadas de "actuaciones y garantías" a cumplimentar por "múltiples administraciones y terceros", y "el periodo electoral restante es tan reducido" que la posibilidad de ejecutarlo en tiempo hábil entra en cuestión.

Es decir, aunque se reafirma en su decisión de suspender el voto a los nacionalizados por la ley de nietos, al evaluar la situación de sus hijos, advierte de que ya ha "transcurrido más de la mitad del periodo electoral" y estamos a "dos semanas del inicio del depósito del voto en urna en los consulados", para aquellos que estén fuera de España.

"Iniciar ahora un proceso de revisión del CERA", sumado a "los interrogantes" de la posibilidad material de ejecutar la eventual suspensión cautelar "en el breve lapso temporal existente" hasta el 29-N sería contraria a los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral, señala la Sala.

Por ello, "la valoración de los diferentes intereses en conflicto debe decantarse por la denegación" de la medida cautelar, pues estimarla podría derivar en una "perturbación grave de los intereses generales", concluye el Supremo.

En cualquier caso, la Sala reitera que las decisiones adoptadas hasta ahora sobre los nacionalizados con la ley de nietos buscan "garantizar la seguridad jurídica", la "pureza o certeza del censo electoral" y de los comicios, y vuelve a criticar al Gobierno por tardar "más de mes y medio" en facilitar el número de afectados.

Indicios racionales de presunta irregularidad

Por otra parte, el Supremo ha rechazado las alegaciones de varias asociaciones y particulares que solicitaron reconsiderar la suspensión del derecho a voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos', de manera que la negativa a que estos acudan a las urnas continúa vigente.

En uno de esos autos, la Sala afirma que la "extraordinaria cifra" de afectados por esta suspensión (163.355), en relación a los 901 que acreditaron ser descendientes de exiliados -y que sí podrán votar- "acrecienta aún más los indicios racionales de una presunta irregularidad en la conformación del CERA".

Unos datos "suficientemente elocuentes" que, para el Supremo, "fortalecen las razones" que le llevaron a suspender el voto porque -insiste- en democracia, el censo debe incluir "única y exclusivamente" aquellos electores que cumplan los requisitos legales.

Los votos de dos magistrados

El juez Antonio Jesús Fonseca-Herrero considera que el Supremo debió también suspender el voto a los hijos para mantener una "línea de actuación internamente cohesionada", y cree que "los tiempos electorales son importantes, sin duda, pero la seguridad jurídica electoral es algo más".

Apela este magistrado a "la actuación diligente de las administraciones públicas" para haber cumplimentado la orden del Supremo "en tiempo y forma", y advierte de que una eventual rectificación del censo tras las elecciones -si la futura sentencia estimase la demanda- carecería de "eficacia restitutoria" respecto de los votos ya incorporados al resultado electoral.

Por otra parte, la jueza Ana Millán -que sigue discrepando de sus compañeros respecto a la suspensión del voto a los nacionalizados por la ley de nietos- comparte la decisión adoptada este lunes, pero opina que no hay conexión entre las nuevas medidas solicitadas y el objeto del proceso.

FUENTE: EFE