La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha abierto una investigación penal sobre la entrada de decenas de miles de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio, al considerar que hubo una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país", recoge la Agencia EFE.

La magistrada destaca la "clara e indudable gestión favorecedora" desde Marruecos al detectar que agentes marroquíes habrían participado en un "guiado activo" de las personas que cruzaron ilegalmente la frontera. También alude al "constatado y gráficamente contrastado comportamiento" de las fuerzas de seguridad marroquíes.

Destaca "la actitud que se advierte en los diferentes miembros uniformados", que la Policía Nacional documentó en un informe con imágenes que se han difundido en la televisión y redes sociales.

Dicha actitud, según Tardón, "no solo evidencia permisividad", ya que esos días no hubo "ninguna tentativa seria de tratar de reducir, dispersar o alejar a la masa de personas" de la frontera, sino que supone un "guiado activo" a los inmigrantes.

"Se advierte cómo los propios policías uniformados van realizando indicaciones a las personas que cruzaban ilegalmente la frontera, para dirigirles", superar "los obstáculos" y organizar el acceso a la zona que conduce a la Playa Fnideq y dentro de las propias aguas.

La magistrada también alude a la "interacción de los agentes uniformados con otros individuos dinamizadores de la masa de personas" que responden a "idénticos perfiles físicos, de vestimenta y de comportamiento", quienes también guiaban a los inmigrantes y en ocasiones impartían "instrucciones al personal uniformado".

Una alerta policial de "riesgo extremo"

Según la jueza, el 29 de julio, un día antes de la entrada, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía emitió una alerta, a través del Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos de la CGEF (CEFRONT), en la que recogía "un riesgo EXTREMO (sic) para un escenario de entradas a nado + salto a la valla de forma coordinada".

Las entradas no tuvieron naturaleza incidental, ocasional o espontánea y la "finalidad migratoria operaba solo como cobertura formal", señala la jueza, que subraya también las entradas sostenidas a Ceuta los días previos.

También desgrana las distintas fases de las entradas: una primera oleada de jóvenes mayoritariamente marroquíes de entre 15 y 25 años, equipados con neoprenos y aletas; una segunda con familias y niños, con ropa deportiva y chancletas, sin equipamiento; y una tercera con los mismos perfiles de la primera.

Esto provocó "un colapso de las capacidades de respuesta por parte del sistema de control fronterizo español y una violación masiva de la soberanía territorial de España" y una posterior "desestabilización" en los servicios y la seguridad española, así como en el "perfil internacional o geopolítico" o en la política interna del país.

Se investigará la respuesta a la alerta

La magistrada señala que se deberán investigar las actuaciones ante la entrada masiva y alude específicamente a la "articulación de adecuados medios de respuesta" en relación a la información y alertas.

Tardón ve varios niveles de responsabilidad en la entrada, aunque en algunos no se puede señalar por el momento a personas concretas.

En el nivel 1 sitúa a la masa que entró en Ceuta, en el 2, a los dinamizadores de redes sociales; en el 3, a los organizadores del flujo de personas en el terreno, es decir policías uniformados y "agentes dinamizadores no uniformados" que impartían instrucciones a los inmigrantes.

En un cuarto nivel sitúa Tardón la planificación del proceso y en un quinto a quienes lo dirigen, a lo que atribuye "una alta capacidad de influencia en redes sociales, en personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos y en personas o instituciones con la capacidad y experiencia necesaria para formar parte del nivel de planificación del proceso".

La "guerra híbrida" 

En la entrada irregular, en la que murieron en torno a 140 personas -83 en aguas españolas-, la magistrada ve indicios de delitos contra la paz e independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con homicidios imprudentes y organización criminal.

Detecta una "intencionalidad de atentar" contra el Estado y alude a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando definió lo ocurrido como "un ataque, una violación de la integridad territorial de España".

Todo ello mediante "un flujo migratorio masivo que constituye uno de los métodos característicos de la 'guerra híbrida'" para "alterar la vida y derechos de ciudadanos españoles", que son propios de Estados, organizaciones criminales o terroristas "cometidas contra Estados", en los que Tardón destaca "la desinformación en las redes sociales".

Como son delitos presuntamente cometidos en el extranjero, su investigación compete a la Audiencia Nacional, explica Tardón en un auto en el que reprocha el "menosprecio" hacia quienes "se incitó a arrojarse al mar".

Detalla que, entre otros, había personas de avanzada edad, familias con niños, bebés en brazos de sus padres, con "endebles instrumentos de flotabilidad, algunos de ellos poco más que juguetes, para que de esta forma entraran de la forma masiva (...) con la dramática consecuencia de que perdieron la vida en dicho trayecto".