El Gobierno ha reiterado este jueves que existe una "causa política" abierta contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en cuya inocencia insiste tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de mantener el juicio con jurado contra ella.

"Begoña Gómez es inocente", proclaman fuentes de Moncloa respecto a este procedimiento, al tiempo que recuerdan los argumentos del Ejecutivo sobre una instrucción que atribuyen a una causa política originada a partir de una "denuncia falsa" de una organización ultraderechista y que además está basada en "noticias falsas".

En este sentido, las fuentes apuntan que la "única motivación" que existe tras este procedimiento es "el acoso y la persecución a la mujer del presidente del Gobierno".

Aunque la Audiencia ha descartado que hubiera cometido los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que le atribuía el juez Peinado, sí ha ordenado continuar el procedimiento con jurado por los supuestos delitos de tráfico de influencias y malversación.

Al respecto, las fuentes citadas consideran que un procedimiento con jurado es una muestra más de la intención política que hay y rebaten que haya motivos para ser juzgada por esos dos presuntos delitos.

En cuanto al de tráfico de influencias por haber favorecido presuntamente al empresario Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos donde subrayan que no se ha encontrado ninguna irregularidad, afirman que no existe ninguna prueba de llamadas, presiones o gestiones para influir en adjudicaciones.

Las cartas de apoyo explican que eran similares a otras firmadas por decenas de entidades (como el ayuntamiento de Madrid), al tiempo que recuerdan que Barrabés ya contrataba con la Administración antes de conocer a Begoña Gómez.

Salen también al paso de la existencia de un supuesto delito de malversación de caudales públicos tanto por el uso del 'software' desarrollado en la Universidad Complutense como por la supuesta utilización de su asistente para asuntos personales.

Moncloa recalca que el ‘software’ era una url (localizador uniforme de recursos: la dirección única que identifica y localiza un recurso en internet, como una página web, una imagen o un archivo) que nunca se finalizó ni se explotó comercialmente y que estaba pensada como servicio gratuito para empresas y ONG del tercer sector, por lo que no hubo beneficio económico para ningún investigado y la universidad no sufrió perjuicio patrimonial.

Insisten por ello en que Gómez no cobró ni un euro por codirigir la cátedra y empezó a colaborar con la Complutense desde 2012, años antes de que Sánchez liderara el PSOE o llegara a la Presidencia del Gobierno.

Asimismo, subrayan que la asistente fue nombrada legalmente para asistir a la esposa del presidente y sus funciones incluían agenda, comunicaciones, acompañamiento y apoyo organizativo, figura que consideran imprescindible y que han tenido todos los cónyuges de los presidentes del Gobierno.

El Ejecutivo ha venido criticando la actitud del juez Juan Carlos Peinado, y esta misma semana su portavoz, Elma Saiz, calificó de "errática" su instrucción y dijo que sus exigencias sobre el pasaporte de Gómez (cuya devolución ha ordenado la Audiencia de Madrid) confirmaban la "obsesión", "persecución" y "acoso político" contra la mujer de Sánchez.

"Privilegiada posición"

La respuesta de Moncloa viene motivada por la decisión de la Audiencia de Madrid. Dicho órgano señala que "parece perfectamente verosímil sostener (...) que la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno, no solo para lograr la concesión de la cátedra (en la Universidad Complutense), sino para hacerlo de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto, y que además recayera en ella la condición de directora, pese a no ser posible", sostienen los jueces.

Aquí citan la sentencia del caso Nóos, que condenó a Iñaki Urdangarin, exmarido de la infanta Cristina, para señalar que "la sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del Gobierno de la nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados, puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias".

Inciden en que en este momento procesal no se puede negar "con plena certeza" que, "atendido el modo y forma en que se verificó la solicitud y la inmediata concesión, se ejerció una presión moral suficiente como para mover la voluntad de la autoridad académica de la Universidad Complutense, obteniendo la decisión no solo de crear la cátedra sino de nombrarla directora".

Sobre el delito de malversación el auto dice que Begoña Gómez sí tuvo la condición de funcionaria pública desde que asumió la codirección de la cátedra universitaria, asumiendo "funciones de protección del patrimonio público", y afirma que "dispuso de fondos públicos provenientes de empresas privadas para conseguir un beneficio particular".

Afirman que Begoña Gómez obtuvo de la cátedra "prestigio personal o reputacional de su carrera académica con acceso a múltiples recursos y eventos", lo que además "disparó sus ingresos por ese concepto de forma exponencial, por más que, en todo caso, hablemos de cifras muy moderadas", desde 1.050 euros en 2014-2015 a 14.900 en el curso 2021-2022.

"Le confirió un 'paraguas institucional, en expresión de su propia defensa, que le permitió obtener financiación y disponer de ingresos para contratar servicios técnicos especializados por importe de cientos de miles de euros, eso sí, carente de un control efectivo y sin pleno sometimiento a los procedimientos ordinarios de contratación".

"En conclusión, los indicios que existen sobre Begoña Gómez Fernández sitúan su participación en unos presuntos delitos de tráfico de influencias cometidos por particular tanto en relación con la creación de la cátedra como en la intermediación en favor de Juan Carlos Barrabés y malversación de patrimonio público cometido por funcionario público en relación tanto al destino del software como en la utilización para fines privados de su asistente personal, designada como esposa del presidente de Gobierno", concluye.