La iniciativa del PP sale adelante y reclama dar carácter plurianual a estas inversiones para afrontar la emergencia habitacional
El Congreso aprueba permitir que los ayuntamientos usen el superávit en vivienda
La iniciativa del PP sale adelante y reclama dar carácter plurianual a estas inversiones para afrontar la emergencia habitacional
El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles una iniciativa impulsada por el Partido Popular para exigir al Gobierno que permita a los ayuntamientos utilizar su superávit del ejercicio 2025 en políticas de vivienda. La propuesta ha salido adelante en la Comisión de Política Territorial con 23 votos a favor y 13 en contra, pese al rechazo del PSOE.
El diputado popular Antonio Román Jasanada ha defendido que esta medida cuenta con el respaldo "unánime" de las corporaciones municipales. Según ha señalado, los consistorios "necesitan seguridad jurídica" tras haber cumplido con sus cuentas, pero ahora se encuentran con limitaciones para destinar sus excedentes a inversiones clave.
En este sentido, el PP ha insistido en la necesidad de permitir que estos recursos se utilicen en políticas de vivienda, uno de los principales retos actuales para muchas ciudades. La iniciativa también reclama que el uso del superávit municipal tenga un carácter plurianual, especialmente en materia de vivienda, con el objetivo de facilitar una planificación más eficaz y sostenida en el tiempo. Según los populares, esta flexibilidad permitiría abordar con mayor eficacia la actual emergencia habitacional, garantizando al mismo tiempo los objetivos de estabilidad y sostenibilidad financiera.
Por su parte, la diputada socialista Irene Jódar ha criticado la propuesta al recordar que el Gobierno ya aprobó recientemente una medida similar mediante un decreto ley que no contó con el apoyo del PP.
Este argumento ha llevado al PSOE a votar en contra de la iniciativa, evidenciando el enfrentamiento político en torno a la gestión del superávit municipal y las políticas de vivienda.
Aunque la propuesta no tiene carácter vinculante, supone un nuevo mensaje político al Ejecutivo para flexibilizar el uso de los recursos locales en uno de los ámbitos más sensibles de la agenda pública.
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