La acusación popular en el caso de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, pide en total 13 años de cárcel para ella y 6 años para su asesora, Cristina Álvarez, para las que antes pedía hasta 24 y 22 años, respectivamente, de cara al futuro juicio con jurado popular.

También solicita que en la vista oral declaren un centenar de testigos, entre ellos el presidente Pedro Sánchez, ya que su testimonio "interesa en cuanto a su relación con la acusada y la utilización de la Moncloa como ámbito relacional del proyecto" de Gómez, recoge la Agencia EFE.

Las acusaciones lideradas por Hazte Oír presentan este escrito después de que el juez Juan Carlos Peinado les trasladara la resolución de la Audiencia de Madrid que avaló juzgar con jurado a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, por tráfico de influencias y malversación -eliminado dos de los delitos que veía el juez-, y a Cristina Álvarez por malversación, para que presenten nuevos escritos de conclusiones de cara al futuro juicio.

Así modifican el escrito que presentaron en su día -en el que pedían hasta 24 años de cárcel para Gómez y 22 para Álvarez- y piden 13 años de prisión para Begoña Gómez: dos años por tráfico de influencias, tres años por delito continuado de malversación de patrimonio público y ocho años por este mismo delito pero sin ser continuado.

También solicitan que se le prohíba contratar con el sector público, obtener subvenciones o ayudas públicas y gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por diez años, que se la suspenda de empleo o cargo público por cuatro años y e inhabilitación absoluta por veinte.

Subsidiariamente solicita para Gómez diez años de cárcel por un delito de tráfico de influencias en concurso con el de malversación.

En cuanto a Cristina Álvarez solicita seis años de prisión como cooperadora necesaria de un delito de malversación del software creado en el seno de la cátedra que codirigió Gómez.

"Giro radical" en la trayectoria de Begoña Gómez

La acusación popular, que destaca el "giro radical" en la trayectoria profesional de Begoña Gómez tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, afirma en su escrito de acusación que Gómez asumió la codirección de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid "sin que conste proceso de selección ni la titulación que habilitara su nombramiento".

La acusa además de un delito de malversación por el "destino a usos privados" del trabajo de su asesora, Cristina Álvarez, pagada con fondos públicos cuando su retribución "está vinculada a la gestión de la agenda pública e institucional de la esposa del presidente del gobierno".

Según su tesis, Gómez "solicitó, aceptó y aprovechó de forma estable, consciente, voluntaria y continuada -entre 2020 y el fin de la actividad universitaria- la dedicación de dicha empleada pública a su actividad privada docente, profesional, mercantil y societaria".

Considera que no fueron "actos aislados o de mera cortesía institucional", sino "una dedicación sistemática y continuada".

La acusación aprecia también que pudo haber otro delito de malversación en el "uso y desvío hacia la esfera privada del software, desarrollado con fondos públicos de la cátedra, mediante la utilización instrumental de marcas, dominio y sociedad mercantil", en este caso presuntamente con la "cooperación necesaria" de Cristina Álvarez.

Según el escrito, dicho software era de "patrimonio público", concebido en el seno de la cátedra y nutrido por aportaciones de patrocinadores, si bien señala que Gómez se excedió en sus "facultades de administración" de la plataforma y la "desvió", causando un "perjuicio patrimonial" a la Universidad.

Además, la acusación hace hincapié en que Gómez solicitó el registro de la marca "TSC Transformación Social Competitiva" el 4 de marzo de 2020, meses antes de la suscripción del convenio de creación de la cátedra.

Afirma, en definitiva, que el proyecto "se hurtó del control de la UCM y quedó a disposición de Begoña Gómez, y se produjo finalmente la separación, extracción, o despojo de los caudales o efectos, apartándolos de su destino y desviándolos de las necesidades del servicio, para, ya sin control público, hacerlos de uso propio".