El accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado 69 víctimas mortales, ha situado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el vallisoletano Óscar Puente, en el centro de las reacciones políticas al día siguiente de la tragedia. Desde distintos sectores del arco parlamentario se han multiplicado las exigencias de explicaciones y las peticiones de responsabilidades, mientras el Gobierno asegura que trabajará para esclarecer lo ocurrido y reforzar la seguridad ferroviaria.

Vox ha dado un paso más al presentar una querella contra Puente ante el Tribunal Supremo por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, tanto por acción como por omisión. La formación atribuye al ministro un posible incumplimiento de sus deberes de dirección, control y supervisión en materia de seguridad ferroviaria y solicita que declare como investigado sobre la información que recibió -o debió exigir- acerca de las deficiencias detectadas, las medidas adoptadas y la comprobación de su cumplimiento.

Las exigencias de explicaciones también han llegado desde la izquierda. Sumar, ERC y Podemos han registrado solicitudes para que el titular de Transportes comparezca de manera urgente en el Congreso. La cabeza de lista del Frente Amplio, Ada Colau, ha defendido que la transparencia resulta especialmente necesaria en un momento de tanto dolor. Tras su anuncio, Sumar formalizó la petición ante la Diputación Permanente.

ERC y Podemos, que concurren como aliados electorales, han presentado otra solicitud conjunta. El portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, ha cuestionado que se atribuya el error fatal a un trabajador del centro de control de Adif. "Un fallo humano es el reflejo de un sistema de seguridad fallido", ha afirmado, antes de responsabilizar de la situación a los recortes en inversión impulsados por el PP y a la liberalización del mercado ferroviario promovida posteriormente por el PSOE.

En la misma línea, la candidata de Podemos, Irene Montero, ha criticado que se concentre toda la responsabilidad en un trabajador cuando, a su juicio, el accidente evidencia problemas estructurales. "Lo fácil" es señalar a una sola persona, ha apuntado, al tiempo que ha advertido de las consecuencias de la liberalización y de la lógica del negocio en el sector.

El PP exige responsabilidades políticas

Desde el Partido Popular, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que las responsabilidades políticas son "imprescindibles desde el punto de vista ético y moral" y no pueden considerarse opcionales. Feijóo se ha pronunciado en estos términos desde Urda, con la atención puesta también en la actuación del Ministerio de Transportes.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, por su parte, ha expresado su sorpresa ante lo que considera una utilización política de la tragedia. Sus declaraciones se han producido al ser preguntada por la decisión de Vox de mantener sus mítines y actos de precampaña, mientras el resto de las formaciones han optado por suspender sus actividades.

También el PNV ha reclamado que se depuren responsabilidades al máximo nivel. Su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, ha señalado que, si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera inasumible que se produzcan dos grandes accidentes ferroviarios en un mismo año, las consecuencias políticas deben ir más allá de las responsabilidades técnicas. En ese escenario, ha apuntado a posibles dimisiones o ceses.

Por su parte, la líder del BNG, Ana Pontón, ha pedido que se investigue lo sucedido y ha recordado que Feijóo votó en contra de crear una comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente de Angrois, ocurrido en 2013, cuando presidía la Xunta de Galicia.

Sánchez promete esclarecer lo ocurrido

Mientras crecen las demandas de explicaciones políticas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que se trabajará "día y noche" para esclarecer "hasta el último detalle" del accidente y reforzar la seguridad del sistema ferroviario.

Sánchez ha realizado estas declaraciones después de participar en una reunión sobre la emergencia en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en Toledo. El Ejecutivo mantiene así el compromiso de investigar las causas del siniestro, en una jornada marcada por el duelo y por el debate sobre las posibles responsabilidades derivadas de la tragedia.

La investigación deberá determinar qué ocurrió en Urda y qué circunstancias contribuyeron al accidente. Entretanto, las formaciones políticas mantienen sus exigencias de información y responsabilidades, con Óscar Puente como principal destinatario de buena parte de las iniciativas parlamentarias y judiciales.