El Ministerio de Sanidad está ultimando un informe jurídico para respaldar, si fuera necesario, la imposición de cuarentenas obligatorias a los 14 pasajeros españoles de un crucero afectado por un brote de hantavirus que, por el momento, se niegan a aislarse.

Fuentes del departamento han señalado que esta medida se plantea como último recurso, mientras el Gobierno apela a la responsabilidad individual de los afectados. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido en la necesidad de actuar con "sentido común", confiando en que los pasajeros colaboren voluntariamente para proteger su salud y la salud pública.

Los pasajeros, actualmente asintomáticos, serán trasladados al hospital Gómez Ulla de Madrid una vez el crucero llegue al puerto de Granadilla, en Tenerife. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ya había señalado que el aislamiento se realizaría de forma voluntaria, al tratarse de una medida que implica una restricción de la libertad.

No obstante, Sanidad sostiene que existen "instrumentos legales suficientes" para imponer la cuarentena en caso de que sea necesario. Entre ellos, destaca la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que permite a las autoridades adoptar medidas como hospitalización, tratamiento o control cuando exista riesgo para la salud colectiva.

A este marco se suman la Ley General de Sanidad y la Ley General de Salud Pública, que contemplan la adopción de medidas preventivas __EMDASH__incluidas las cuarentenas__EMDASH__ ante riesgos inminentes y extraordinarios, especialmente en el ámbito de la sanidad exterior.

Desde el Ministerio subrayan, sin embargo, que cualquier actuación deberá regirse por el principio de proporcionalidad: las medidas deberán estar justificadas, limitarse al tiempo estrictamente necesario y priorizar, siempre que sea posible, la colaboración voluntaria de los ciudadanos.

Además, recuerdan que la imposición de cuarentenas obligatorias, al afectar a derechos fundamentales, requiere autorización o ratificación judicial, tal como han establecido los tribunales.

El Gobierno insiste en que su objetivo es proteger la salud pública sin adoptar medidas más restrictivas de las imprescindibles en un contexto de riesgo sanitario internacional.