Dos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostienen que el empresario Víctor de Aldama pagó, a través de un "testaferro", el alquiler del piso de la expareja de José Luis Ábalos en Madrid para "tener comprada la voluntad del ministro".

"Aldama entiende que a través de esa manera va a tener comprada la voluntad del ministro", ha indicado uno de ellos en su comparecencia de este lunes en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra Ábalos, su exasesor Koldo García y Aldama, acusados de concertarse para amañar contratos de mascarillas adjudicados por organismos dependientes de Transportes a cambio de comisiones.

El pago del alquiler durante casi dos años y medio del piso que habitó Jéssica Rodríguez en Plaza de España, en Madrid, es una de las supuestas mordidas que la Fiscalía cree que Aldama pagó en favor de Ábalos.

En realidad lo pagaba un socio de Aldama, Luis Alberto Escolano, a quien los agentes han definido como un "testaferro".

Pero lo hacía "por orden de Víctor de Aldama", quien de esa manera a su vez "está pagando el nivel de acceso al ministro", que vale "lo que hayan estipulado". "Pagar paga. Y ella vive", ha señalado un mando.

"La casita de novios"

En este punto ambos han recordado una conversación de 2019 en la que Koldo García decía a Ábalos que había "que darle algo" a Aldama -"se está portando bien con nosotros y aún no le hemos dado nada", indicaba- y han equiparado el pago del piso con los 10.000 euros mensuales que la UCO cree que ambos recibían del empresario.

Koldo García, que según los investigadores es quien "soluciona los problemas", Jéssica Rodríguez y el socio de Aldama buscaron el piso al que la expareja de Ábalos se refirió como "la casita de novios" con el exministro, y han dicho que no les consta "de ninguna manera" que ese inmueble fuese destinado a fines societarios del empresario que lo pagó.

La defensa de Ábalos ha intentado demostrar que el exministro no sabía quién era Escolano ni que tenía relación con Aldama, algo que han dicho desconocer los agentes.

Para los investigadores, "Jéssica no abona absolutamente nada del piso que ha estado disfrutando durante todo ese tiempo", sino que lo pagaba Aldama "a través del señor Escolano", a quien "daba órdenes". El comisionista, han dicho, "tiene un dominio sobre la acción, sobre el pago de este piso".

Jéssica Rodríguez no trabajó "en ningún momento"

Los agentes también han desglosado la contratación de la expareja de Ábalos en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, donde han otorgado un "rol destacado" a la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, investigado en la Audiencia Nacional.

"A quien recurren es a Isabel. Isabel es el contacto por el que ocurre todo esto. Es a través de ella como se consigue el contrato de Jéssica", han dicho.

Además de mencionar las "evidencias" de que Rodríguez no trabajó "en ningún momento", han destacado que se llegó a quejar "de que la pagan poco por no ir a trabajar", y que cuando acabó su contrato en Ineco, Pardo de Vera "se preocupa" y se lo comenta a Koldo García. En ese momento "lo que se hace es trasladarla a la otra empresa pública".

La decisión "recae en Ábalos"

Respecto a los contratos de mascarillas por parte de Puertos del Estado y de Adif, organismos dependientes de Transportes, los investigadores ha asegurado que la decisión de contratar con Soluciones de Gestión, empresa introducida por Aldama, partió del propio exministro y del empresario.

"La decisión última de contratar recae en Ábalos", han explicado los agentes de la UCO, que han indicado que cuando se puso en duda el contrato con Soluciones de Gestión porque hasta Puertos del Estado llegaron mejores ofertas, cargos de la empresa pública se remitieron a la decisión del exministro para justificar la decisión.

Según la Guardia Civil, el máximo responsable de Puertos del Estado y su segundo se cruzaron correos electrónicos en los que hablaban de otras ofertas. "Como se ponga la cosa fea, rescindo la compra con Soluciones de Gestión", llegó a decir el primero, lo que origina que el otro cargo pidiera a Koldo que, a su vez, le dijera a Ábalos que llamara a su presidente para que se solucionara el asunto.

Por los contratos, que como ya se ha recordado en otras sesiones del juicio en el caso de Puertos del Estado pasaron de 4 millones a 8 millones de mascarillas en tan solo 38 minutos, Aldama obtuvo unos beneficios de 6,7 millones de euros, han recalcado los agentes.

Y la empresa, que tenía 20 millones de mascarillas para ofrecer, consiguió "colocar" 19,9 millones a todas las administraciones públicas con las que tuvo relación, han apuntado.