La Conferencia sectorial de vivienda ha ratificado este jueves por unanimidad de las comunidades autónomas de régimen común, que son las administraciones beneficiarias, el reparto de los 200 millones de euros del Bono Alquiler Joven, acordado en la Conferencia Sectorial del 2 de febrero de 2022, publica EFE. 

Como ha informado el Ministerio de Vivienda tras la sectorial, Andalucía recibe 34,2 millones; Aragón, 7,6 millones; Asturias, 6,6 millones; Baleares, 4,8 millones; Canarias, 10,6 millones; Cantabria, 3,8 millones; Castilla y León, 10,8 millones; Castilla-La Mancha, 8 millones; Cataluña, 29 millones; la Comunidad Valenciana, 22,8 millones; Extremadura, 6 millones; Galicia, 11,4 millones; Madrid, 31,8 millones; Murcia, 8,8 millones; La Rioja, 3,4 millones; y Ceuta y Melilla, 200.000 euros.

Esta ayuda se fija en 250 euros al mes, durante un plazo de 2 años para cada joven, con objeto de facilitar su emancipación o en todo caso el acceso a disfrutar de una vivienda o habitación en régimen de alquiler o cesión de uso.

El siguiente paso es el visto bueno del Consejo de Ministros y, posteriormente, se vuelva a reunir la Conferencia sectorial para ratificarlo.

Una vez ratificado y cumplidos los trámites administrativos, el Ejecutivo precederá a la remisión de las resoluciones con las cantidades respectivas a las comunidades autónomas para que acepten y pueda realizarse la transferencia para sus respectivas convocatorias.

Por otra parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha elevado un informe relativo al Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana del Plan de Recuperación, que coordina el Ministerio, y ha destacado que el Gobierno ya ha transferido a las comunidades autónomas 4.328 millones de euros de los 5.500 millones que se encuentran dentro este Componente del Plan.

Con estas inversiones, se ha llegado a acuerdos para construir 24.463 viviendas, para rehabilitar 47.000 viviendas a través del programa de rehabilitación de barrios y la ejecución y tramitación de 600.000 viviendas en rehabilitación a través de las convocatorias de los programas para rehabilitación de viviendas y edificios que gestionan las Comunidades Autónomas.