Estructuras y políticas agrarias (XI)

Continuamos hoy con la imagen de la política agraria en la España actual, detallando los sucesivos impulsos que históricamente se han producido para la mejora del medio rural. En ese sentido, la entrega de hoy –la once de la serie—, se corresponde con el capítulo del crédito y los seguros rurales, cuya importancia va en aumento, para una mejor financiación del campo, y un aseguramiento mayor de las cosechas. En esa dirección, también hay que tener muy en cuenta los elevados costes de la actividad agraria, y especialmente los energéticos, a los que deberíamos prestar una atención especial en estos momentos. Señalemos, por lo menos, que en el campo la fotovoltaica ha entrado decididamente en un proceso de sustitución de otras fuertes energéticas. En cuanto a la segunda parte del artículo de hoy, destacamos la figura de Jaime Lamo de Espinosa, como Ministro de Agricultura, que transformó en realidad una buena parte del programa agrario de los Pactos de La Moncloa.

Crédito y seguro rurales

Las necesidades financieras de los agricultores son tan diversas como las de los demás sectores productivos, abarcando gastos operativos e inversiones, así como la cobertura de riesgos mediante el seguro agrario.

Las pioneras en atender las necesidades financieras del campo después de la guerra civil 1936-39, fueron las cajas rurales, que nacieron por la necesidad del sector agrario de contar con instituciones propias con las que afrontar la grave escasez de medios financieros. Pues los intermediarios de crédito y ahorro tradicionales, si bien dedicaban a la agricultura parte de sus créditos, lo hacían, en general, en proporción muy inferior a los recursos de ahorro generados en el sector. Así las cosas, las cajas rurales –que son cooperativas de crédito— desempeñan un papel primordial en la financiación del sector agrícola y del medio rural en general[1].

Claro es que el campo también atrae la atención de las demás entidades financieras, que ofrecen crédito a corto y largo plazo, leasing, anticipos de las ayudas de la PAC, financiación import-export, y servicios adicionales que ayudan a adaptar los flujos de caja del agricultor.

Para los seguros agrarios existe la Entidad Nacional de Seguros Agrarios, ENESA (Ley 87/1978), que cubre siniestralidades climatológicas como la sequía, el pedrisco, o las heladas, así como cualquier otro caso de merma de ingresos; todo ello para un conjunto determinado de cultivos que ha ido ampliándose con el tiempo, utilizando como agente su corporación filial Agroseguro.

El objetivo final del sistema del seguro agrario es cubrir los riesgos económicos del agricultor, para así garantizar la estabilidad de sus rentas de explotación. Naturalmente, cuanto en más bajas sean las primas a pagar anualmente, más extensión ganará el aseguramiento. Con la posibilidad de que en algunos casos, en el futuro, pudiera decretarse la obligatoriedad de ese tipo de contratación, para hacerla más efectiva, con un número mayor de contratados que permita las economías de escala[2].

El Programa Agrario de los Pactos de La Moncloa

Dentro del desarrollo de los Pactos de la Moncloa, en 1979, el ministro de Agricultura, Jaime Lamo de Espinosa –del Gobierno UCD de Adolfo Suárez y también de Leopoldo Calvo Sotelo—, presentó al Congreso de los Diputados el Programa de Cambio para la Agricultura Española, que obtuvo el respaldo prácticamente unánime de la Cámara. En el programa se esbozaba una sucesión de escenarios, para instrumentar nuevas acciones legislativas. Los problemas básicos a resolver se esbozaban en cuatro frentes:

• Falta de movilidad de la propiedad de la tierra, con incidencia en una fuerte rigidez de mercado, con paro agrario, baja productividad y subutilización de los recursos.
• Inadecuación del sistema agroalimentario existente.
• Mecanismos de financiación no específicos de la agricultura, con el consiguiente freno para la inversión agraria, la creación de empleo, y la modernización de las empresas del sector FAO.
• Desertificación, erosión y subutilización de extensas zonas rurales, con peligros para la conservación de la naturaleza, y con no poca y lamentable contracción de las oportunidades productivas.

En el cuadro 1 figura el detalle de las 14 leyes previstas en el Programa Lamo de Espinosa. Al acceder al poder el PSOE, en 1982, habían sido enviados al Congreso 11 proyectos. Otros tres, no llegaron a buen puerto; no fue posible que el Consejo de Ministros se pusiera de acuerdo cobre la Ley de Financiación Agraria, que desde el primer momento encontró dificultades. Y el expediente de la Ley Especial de Tierras Ociosas no se presentó en tanto que la modificación de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario quedó en espera[3].

En definitiva, el programa agrario de los Pactos de La Moncloa, vino a significar un gran impulso a la modernización del sector agrario en España. Sin embargo, puede decirse que tras la etapa del Ministro Jaime Lamo de Espinosa, la atención política prestada al campo decayó visiblemente.

Hasta el próximo viernes, como siempre, los lectores de Tribuna pueden conectar con el autor en castecien@bitmailer.net.