Los nueve ministros que no seguirán en el Gobierno de Pedro Sánchez tendrán derecho a una pensión indemnizatoria equivalente al 80 por ciento de su retribución anual durante, como máximo, los dos años siguientes al cese, es decir 5.294 euros al mes.

Según se recoge en el Portal de Transparencia, esta pensión, que también podrán cobrar los secretarios de Estado y que se abona mensualmente, es incompatible, desde 2012, con cualquier otra retribución derivada de actividades públicas o privadas.

Además, en un período de dos años tras el cese, las personas que hayan ejercido como altos cargos que quieran prestar servicios en entidades privadas deben solicitar y obtener la autorización de compatibilidad por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses.

Por tanto, las exministras Pilar LLop, Raquel Sánchez, Irene Montero, Ione Belarra y los exministros Héctor Gómez, Miquel Iceta, José Miñones, Alberto Garzón y Joan Subirats podrán percibir esta pensión o renunciar a ella, según lo consideren en cada caso.

Si alguien ha sido ministro menos de dos años, como es el caso de Miñones y Gómez, nombrados ambos en marzo de este año, la indemnización será del 80 por ciento mensual de su sueldo durante el mismo plazo en el que han desempeñado el cargo.

Según establecieron los presupuestos generales del Estado de 2023, el sueldo de los ministros del Gobierno es de 79.415 euros, por lo que la cuantía de la pensión será de 63.532 euros anuales, 5.294 euros al mes.